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Abogacía
Abogamos por la paz y la justicia a través de alianzas sólidas.
Nuevas Esperanzas y Realidades en las Relaciones Cubano-Americanas: Un Nuevo Momento
ACCIÓN URGENTE: Dile a los miembros del Congreso que apoyen el comercio con Cuba
Cuba Partners Network fomenta alianzas comprometidas y busca fortalecer los lazos entre la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) y la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba a través del entendimiento, el diálogo y la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
La Red afirma que la Revolución Cubana no rompió todos los lazos a través del estrecho de la Florida y nuestra red honra a quienes mantuvieron conexiones; una labor conjunta de amor que ha buscado encarnar la paz de Dios a través de líneas ideológicas desalentadoras.
Mientras se opone a todas las limitaciones a los derechos humanos en Cuba, nuestra denominación ha pedido repetidamente el fin del embargo económico y otras sanciones que han dividido a las familias y limitado el desarrollo económico sin provocar un cambio político.
Antes de la Asamblea General de 2016 (una reunión de representantes de toda la denominación), el Comité Asesor sobre Política de Testimonio Social preparó siete recomendaciones en forma de un elemento de acción para votar. Las recomendaciones fueron aprobadas por la 222.ª Asamblea General de PC (EE. UU.) en 2016.
En apoyo de esas recomendaciones de promoción, también se preparó un documento de estudio que proporcionó datos y un análisis resumido sobre temas que incluyen el cambio económico y los valores humanos, las preocupaciones sociales y raciales, las comunidades cubanoamericanas y cubanas, el entorno religioso, el entorno natural, la dinámica política, factores militares y de seguridad (con EE.UU. y otras naciones de la región).
Para resumir, el Comité Asesor sobre Política de Testimonio Social recomendó a la Asamblea General abogar por:
En apoyo del compromiso mutuo de la misión con la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba (IPRC).
Este compromiso se basará en los principios del intercambio de “persona a persona” para el crecimiento y el aprendizaje espiritual. Se basará en las declaraciones teológicas existentes y el estudio de las asociaciones y en las experiencias pasadas de mutualidad en la misión: proyectos comunitarios compartidos; visitas mutuas a Cuba y Estados Unidos; creciente conexión entre el Seminario Teológico Evangélico en Matanzas y los seminarios de Estados Unidos; así como púlpito y otros intercambios. Otras recomendaciones en el informe brindan oportunidades para el compromiso mutuo en temas de importancia para ambas sociedades: preocupaciones ambientales/energéticas; conflicto racial y disparidades; envejecimiento de la población; hambre y seguridad alimentaria; las disparidades económicas, todas las cuales crean la mayor carga sobre los más vulnerables de cada sociedad.
En apoyo al reconocimiento legal y la autonomía política del IPRC.
En la actualidad, solo la Iglesia Católica Romana es reconocida oficialmente por el gobierno cubano como entidad religiosa en Cuba; las Iglesias protestantes están reconocidas en la “Ley de Asociaciones”. Apoyamos un estatus legal que vaya más allá de la simple “asociación”, que permita a las iglesias no romanas como el IPRC tener el mismo reconocimiento bajo la ley cubana. Esto también puede conducir a un mayor acceso al gobierno cubano más allá de la Oficina de Asuntos Religiosos, especialmente con respecto a los ministerios sociales y proyectos ambientales/energéticos.
Sobre el trabajo conjunto para atender las preocupaciones ambientales de Cuba.
El Dr. Reinerio Arce y el Decano del Seminario Francisco Marrero enfatizan la necesidad de un cambio de mentalidad con respecto al cuidado mutuo del medio ambiente: “No podemos dejar de ser políticos porque somos parte de la sociedad... Necesitamos educar para la responsabilidad ambiental... Necesitamos hacer una lectura teológica de la situación y necesitamos hacerlo juntos”. Las preocupaciones ambientales han sido un enfoque clave para el IPRC y el alcance social del Consejo de Iglesias de Cuba durante muchos años. Están directamente involucrados a nivel local y esperan tener más voz en la elaboración de políticas regionales y nacionales. Preocupaciones específicas: Degradación debido a la industria/cambio climático; provisión de agua potable purificada; preocupaciones sobre inundaciones y apoyo a la agricultura comunitaria ambientalmente responsable.
Poner fin al Embargo y Actos de Impedimento posteriores
(Ley de la Democracia en Cuba – 1992, Helms-Burton 1996.)
Hay pruebas sustanciales de que el embargo ha tenido más impacto en el pueblo cubano que en su gobierno, por lo que esta política de 55 años es un impedimento para la reconciliación. Pedir el fin del embargo es pedir efectivamente un nuevo acuerdo comercial, preferiblemente uno que permita la plena integración de Cuba en una economía más fuerte en la cuenca del Caribe. Esto significa revocar la Ley de Democracia en Cuba, y también la Ley Helms-Burton, que establece que el embargo no se puede levantar sin “elecciones libres y justas” en Cuba y un “gobierno democrático” sin los hermanos Castro. Este informe alienta a las iglesias y comunidades en los EE. UU. y Cuba a enfatizar el “comercio justo”, y en cualquier acuerdo nuevo a considerar el impacto en los trabajadores estadounidenses y cubanos, el medio ambiente, la migración, la soberanía alimentaria y los ciudadanos más vulnerables de Cuba. Fundamentalmente, las leyes estadounidenses del embargo contravienen el derecho internacional, a menos que se justifiquen en términos de actos de guerra. La PC (EE. UU.) ha estado registrada a través de la acción de la Asamblea General para poner fin al embargo desde 1969; Helms Burton desde 1997. Esta declaración exige justicia en la adjudicación de reclamos de propiedad y señala varios enfoques de suma distinta de cero a ese problema.
Sobre política de inmigración: Terminar con la Ley de Ajuste Cubano, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos y otros programas preferenciales.
La Ley de Ajuste Cubano es una de las políticas de inmigración más “preferenciales” en la historia de Estados Unidos, y una de las más perjudiciales para la normalización de las relaciones. Durante ambas consultas, numerosas personas, incluidos funcionarios gubernamentales, confirmaron el importante papel que desempeña esta categoría de asilo en el fomento de la inmigración cubana a los EE. UU. Una preocupación específica es la política de “pies secos/pies mojados” que se agregó como una actualización de la Ley de Ajuste Cubano. para disuadir la gran cantidad de peligrosas migraciones de balsas. La ley permite a los cubanos la residencia acelerada (en última instancia, la ciudadanía) si llegan a territorio estadounidense, pero los devuelve a Cuba o a un tercer país si son atrapados en el mar. El Programa de libertad condicional médica cubana está especialmente dirigido a una fortaleza del sistema médico y educativo cubano al subsidiar la reubicación y la ciudadanía de los profesionales médicos cubanos (desde médicos, enfermeras y paramédicos hasta entrenadores deportivos) y sus cónyuges.
Sobre el regreso de la Base Naval de Guantánamo y prisión.
Aunque Estados Unidos tiene cientos de bases militares en más de 70 países, la Base Naval de Guantánamo es algo inusual. Se remonta a la toma de territorios españoles por parte de EE.UU. tras el hundimiento del Maine en el puerto de La Habana y la intervención de EE.UU. en la lucha por la independencia de Cuba (llamada por EE.UU. “la Guerra Hispanoamericana”). Guantánamo sirvió originalmente como estación de servicio de carbón. En 1934 se contrató un contrato de arrendamiento a perpetuidad de la base que obligaba a ambas partes a acordar su terminación. Esto sigue el patrón de la Enmienda Platt de 1902 que autorizó la intervención unilateral de Estados Unidos en Cuba por parte del ejército estadounidense. EE. UU. envía un pequeño cheque de alquiler cada año para Guantánamo que se ha cobrado solo una vez desde la Revolución de 1959. Durante mucho tiempo, la presencia de EE. UU. ha sido juzgada como una intrusión extranjera no deseada en la soberanía de Cuba. La Asamblea General ha registrado el desmantelamiento de Guantánamo desde 1969. .
La prisión actual de Guantánamo se inició en 2002 bajo la presidencia de George W. Bush. La administración argumentó que las protecciones constitucionales de los EE. UU. no se aplicaban a los prisioneros, ya que se encontraban fuera del territorio de los EE. UU. y que las Convenciones de Ginebra no se aplicaban al tratamiento de los prisioneros, ya que los prisioneros eran “enemigos combatientes ilegales”. La Asamblea General ha pedido previamente el cierre de la prisión y la devolución de la base naval a Cuba. La prisión debilita las afirmaciones de que Estados Unidos practica mejor los derechos humanos. La Asamblea General aprobó una Resolución sobre Tortura y Abuso de Prisioneros nombrando específicamente a Guantánamo y Abu Ghraib en 2006.
Recomendación para un Nuevo Acuerdo de Asociación Interdenominacional entre PC (EE. UU.) y el IPRC en 2016.
Con los resultados de este estudio y las recomendaciones como antecedentes, junto con el acuerdo de misión mutua de 1986 y la posterior reafirmación de 2000 (Compartiendo la visión de Dios) de esa asociación entre la PC (EE. UU.) y el IPRC, visualizamos la Reunión de la Red de Socios de Cuba de 2016 en Cuba como escenario de una participación más amplia hacia esta reafirmación común. Con la financiación y los recursos apropiados comprometidos para esta reunión, con el liderazgo del Sínodo del IPRC y la Misión Mundial, Cuba Partners Network participaría en el "Hermanamiento" (hermandad) hacia un acuerdo mutuo actualizado y matizado.
Extraído de Nuevas Esperanzas y Realidades en las Relaciones Cubano-Americanas: Un Nuevo Momento por Pat Metcalf.
Cuba Partners Network ha participado en la Asamblea General para continuar su defensa de hacer vida junto con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia cubana, a través de asociaciones ministeriales con la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, y alentando la consideración cuidadosa y la reflexión sobre las recomendaciones anteriores presentadas por el Comité Asesor sobre Política de Testimonio Social.
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